Rosa Ingram y sus
hijos adolescentes fueron sentenciados a muerte en 1948 después de matar a un
vecino blanco que intentó agredir sexualmente a su madre.
Gracias
a activistas de derechos humanos la historia despertó el interés de la prensa a
nivel nacional. Más tarde fueron liberados bajo palabra por haber sido “prisioneros
modelo”.
En 1948, Rosa Lee Ingram, una aparcera y viuda,
madre de cuatro hijos varones, se convirtió en el centro de atención de uno de
los casos más explosivos de pena capital en la historia. En 1948, en un juicio
que duró un solo día, Ingram y dos de sus hijos adolescentes fueron
sentenciados a morir en la silla eléctrica, después de un altercado con un terrateniente
de raza blanca en el estado de Georgia.
El 4
de noviembre de 1947, según se informa, el terrateniente confrontó a Ingram y a
tres de sus hijos porque ganado suyo había ingresado a su propiedad cerca de la
pequeña población de Ellaville. John Stanford estaba armado con una escopeta y
un cuchillo de bolsillo cuando se dirigió a confrontarse verbalmente con
Ingram. Tres de los hijos de Ingram escucharon los gritos de su madre y se
dirigieron a toda prisa hacia donde ella se encontraba, armados con herramientas
de granja. Más tarde, el hombre de 64 años fue encontrado muerto, la causa de
su deceso fue golpes en la cabeza, de acuerdo con la investigación.
En
varias narrativas, más notablemente la del escritor Janus Adams Sister Days: 365 Inspired Moments in African-American Women’s History, se dijo que
Stratford golpeó a Ingram en la cabeza con la culata de su rifle después de
amenazarla con disparar a las mulas que él acusaba de haber invadido su
plantación de maíz. Otros relatos históricos afirman que, de acuerdo con un
testimonio posterior, Stratford amenazó a Ingram con agredirla sexualmente, antes
de golpearla.
Como
quiera que haya sido, Ingram y sus hijos, Wallace y Sammy, de 16 y 14 años de
edad, respectivamente, fueron condenados a muerte por un jurado integrado en su
totalidad por personas de raza blanca; Charles, de 17 años, estuvo en la
escena, pero no fue acusado por falta de evidencia.
Aunque
hubo una investigación en la escena del homicidio, se ha sugerido que muchos de
quienes respondieron al incidente no se les ordenó oficialmente que hicieran
tal cosa. Como resultado, activistas de subdivisiones de derechos humanos de la
Organización Nacional para el Progreso de las Personas de Color en la nación, se
movilizaron para ayudar a Ingram y a sus hijos.
Un
abogado de raza blanca asignado por la corte, S. Hawins Dykes fue asistido por
el Congreso de Derechos Civiles (CRC por sus siglas en inglés) y sus esfuerzos
para recaudar fondos. Aunque esta acción provocó malestar en la NAACP (Organización
Nacional Para el Progreso de las Personas de Color), Ingram y sus hijos fueron
capaces de obtener una apelación y sus sentencias fueron reducidas a permanecer
en prisión por el resto de sus vidas.
El National Committee to Free the Ingram Family
(comité nacional para liberar a la familia Ingram), liderado por Mary Church
Terrel, fue instrumental en la continuación de la lucha a favor de la familia Ingram
y trabajó junto con la CRC y la NACCP para asegurar su libertad. Trabajando a
través de líneas de clase y de color, el caso fue un grito de guerra para
mujeres activistas y atrajo la atención de los medios informativos en el Norte.
Estas
organizaciones trabajaron incansablemente para mantener vivo el caso de Ingram
en la mente del público, apelando incluso al presidente Harry Truman para que
interviniera, en un momento dado.
Finalmente,
en 1959 se concedió libertad bajo palabra a la familia Ingram, y fue liberada.
Este
caso colocó una luminaria sobre las leyes racistas y divisorias Jim Crow del
Sur y motivó a mujeres afroamericanas a participar en activismo de derechos
humanos.
La
señora Ingram vivió en Atlanta desde el momento de su liberación hasta su
fallecimiento en 1980.
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