El pasado jueves 14 de septiembre fue un día difícil. Había sentido que
había conseguido grandes avances en lo referente a mi recuperación, pero ese
día parecí sufrir una recaída.
Intenté hacer uso de algún servicio de atención psicológica vía
telefónica, y me topé con una situación indeseable, cada vez más frecuente. La
persona que respondió se puso a sabotear la comunicación. Puesto que se trata
de una desconocida (siempre del sexo femenino, evito hablar con hombres) tengo
que decirle quién soy, y para que se entienda el origen de mi malestar, hace
falta que le informe que mi vida ha estado plagada de violencia, que mi padre
era un psicópata que me violentó de todas las formas posibles durante 43 años,
que mi madre vivió como una enferma psicótica (como si estuviera loca de
remate), etc.
La psicóloga que me responde la llamada (sucedió en un servicio
telefónico de la Sría. de Salud de Guanajuato) me interrumpe, no me deja
hablar, me hace una pregunta y no me permite responder. No es capaz de entender
que yo no recibo órdenes de ella y no tengo que responder a sus
interrogatorios, no tengo por qué justificar por qué razón hice o dejé de hacer
algo, etc. La frustración que me provoca esto da lugar a una furia difícil de
controlar y entonces le digo a la tipa en cuestión que debía irse a laborar a
un burdel de mala muerte, que ella no está para sabotear la llamada, que es
funcionario público, está incurriendo en incumplimiento de funciones, haciendo
exactamente lo contrario a lo que debería. Termino llamándole “puta”, algo que
sé que no está bien, pero, dadas las circunstancias, no resulta del todo incorrecto.
Eso sucedió en la Secretaría de Salud de Guanajuato (número de teléfono 800
29 000 24).
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